Luego de que arrancaron las protestas en abril del año pasado, se generaron varias peticiones –paralelamente a la solicitud de renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti- que buscaban reformar el Estado. Estas demandas empezaron porque la población se empezó a dar cuenta que no era solamente un problema de los actuales funcionarios, de ciertos personajes, porque la mayoría que han ocupado cargos públicos en el pasado también han sido cuestionados por corrupción, pero no se les había logrado comprobar ningún acto. Es más,” La Línea”, la estructura a la que pertenecía, según las investigaciones, el binomio presidencial, tenía (o tiene) más de treinta años delinquiendo.
¿Cómo empezar a destrabar este gran nudo gordiano? Algunos previeron en principio la idea de reformar la Constitución. Sin embargo, si se convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente el problema solo se trasladaría ahí pues los mismos partidos políticos que tienen las maquinarias electoreras funcionando serían quienes quedarían seguramente electos y manipularían la Constitución –donde residen las normas más importantes- a su vil antojo.
Entonces se debía ir más allá, dar un paso previo. Esto levantó una discusión que ya se venía dando en los círculos académicos y en el hemiciclo legislativo: enfocarse en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Una ley de rango constitucional, lo que supone que debe ser modificada por dos terceras partes del total de diputados – y no solo por la mitad como las leyes ordinarias- y requiere del visto bueno de la Corte de Constitucionalidad (CC) para hacerle cambios.
Esta petición puso en jaque al sistema porque pretendía democratizar los partidos políticos (sobre todo su financiamiento), y por eso es que causa aversión en los diputados. Es sabido que si un partido no tiene acceso a tanto pisto como los demás, no logrará tener presencia con los electores de todo el país, y por eso las opciones reales para gobernar se reducen casi siempre a los partidos más grandes, quienes tienen financistas gordos –y seguramente algo de plata de narco hay por ahí- y por lo tanto más compromisos políticos.
Los partidos además son los únicos vehículos que pueden llevar a un candidato a la presidencia y a los diputados al Congreso. Por esto, también surge la propuesta de que se incorporen partidos departamentales que no necesiten de una representación en varios departamentos para nacer y que así se puedan fortalecer liderazgos locales. Los alcaldes pueden acceder por medio de comités cívicos, que tienen duración por el periodo en el que participan. Por lo que esta propuesta de reforma pretende eliminar la figura de los comités y quedarse únicamente con la de los partidos departamentales.
En medio de la crisis, el 13 de junio del año pasado, se conformó la Plataforma para la Reforma del Estado, convocada por Carlos Alvarado, el rector de la Universidad de San Carlos, a donde acudieron más de 300 organizaciones, desde campesinos, sectores de mujeres, académicos, la CICIG y empresarios. La idea era promover la reforma a la LEPP.
Lo que terminó haciendo la Plataforma –luego de varias sesiones en el Paraninfo Universitario- fue darle respaldo a la propuesta del Tribunal Supremo Electoral –quien vio que se debían hacer con urgencia modificaciones a la ley.
El 6 de julio se realizó una marcha desde el Paraninfo Universitario hacia el Congreso para entregar la iniciativa. El embajador de Estados Unidos Todd Robinson acompañó la actividad. Pero no fue atendida. O parcialmente. Le hicieron las mutilaciones correspondientes y luego en un embrollo procedimental, al enviarla a la CC, no se había llenado el requisito de que dos tercios de los diputados estuvieran presentes en el Congreso y lograron -como es costumbre- eternizar la discusión hasta que se metió al congelador, como dicen los flamantes diputados, y luego el otro mes vino el Paro Nacional, la acusación contra Pérez Molina, su posterior renuncia y el asunto quedó olvidado.
¿Cómo empezar a destrabar este gran nudo gordiano?
Esta ley fue modificada en 2004 y 2006 introduciendo cambios en el régimen electoral, como descentralización de los puestos de votación para que se ampliara la cobertura del sistema de organización electoral y así facilitarles a las personas que viven en los lugares más recónditos que puedan votar. Porque lo común es que a quienes les queda demasiado lejano el centro de votación sean “acarreados” por los partidos políticos que más recursos tienen. Esto constituye incluso un delito regulado en el Código Penal.
Queremos recordar las palabras de varios diputados que en su momento comentaron que después de casi cuatro años sin haber hecho mayor cosa –varios salieron en fotos dormidos en sus curules-, tras las protestas se pusieron a trabajar, por la pura presión social. Se crearon mesas de trabajo de las cuatro leyes fundamentales: LEPP, Servicio Civil, Contrataciones y por la Reforma Judicial, y salieron propuestas que se deben mejorar pues por la premura se cometieron varios errores. Se acordarán, que el Congreso mismo le retiró la inmunidad a Pérez Molina y eso permitió su encarcelamiento. Todo, gracias a que ciudadanos exigieron sus derechos.
De esta forma queremos desentrañar en posteriores textos las propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y las dividiremos en tres entregas para intentar simplificar este tema que es bastante extenso, por lo que es imposible que quede agotado con estas líneas.
¡Hasta la próxima!